Mucho se habla sobre el negocio de la alimentación, un negocio tan legítimo como cualquiera siempre y cuando se atienda a unos límites, bien sean estos morales o prácticos.

Y es precisamente cuando se sobrepasan esos límites cuando este negocio, como cualquiera, pasa de ser legal y legítimo a ser ilegítimo aunque legal.

Pero la pregunta surge cuando se desea saber dónde está este límite.

En mi opinión éste se sobrepasa cuando hablamos de transgénicos, cuando hablamos de monocultivos impuestos desde el gobierno o las empresas que se dedican a comercializar estos productos, cuando hablamos del monopolio en la comercialización de estos mismos productos, bien sea por empresas o gobiernos, cuando hablamos de la venta y comercialización de alimentos con productos químicos en su composición que son dañinos para la salud, incluso en el caso de que cuenten con los permisos y parabienes de las autoridades sanitarias del gobierno de turno. Permisos cuyos parámetros para su obtención están diseñados para imposibilitar que los pequeños elaboradores saquen sus producciones al mercado a pesar de que sus producciones agrarias son más saludables que los alimentos comercializados por las grandes transnacionales.

Y es que, no hay que engañarse, pero la gran mayoría de las normativas que afectan a los alimentos, como a otros productos, no tiene como objetivo la protección del consumidor sino la protección de las diversas situaciones de privilegio de las que disfrutan estas grandes trasnacionales de la alimentación. Es por ello que estas normativas aprobadas por los diversos parlamentos son, en muchos casos, la simple transcripción de una ley hecha por una o varias grandes empresas del sector que nuestros politicuchos simplemente mandan hacer ley publicándolas en boletín de turno.

Pero vayamos por partes, y para ello debemos hacernos la pregunta de quién saca ventaja de los monocultivos. Para ello pongamos un ejemplo: imaginemos a Juan Español que vive en Madrid y veranea en Cádiz, imaginemos que en una comida se reúnen los tres o cuatro directivos principales del sector de la gran distribución para, en teoría, hablar de la situación del mercado alimentario y, en la práctica, para pactar precios (algo más habitual en éste y otros sectores de lo que la gente se cree) y deciden subir el precio del aceite de oliva a 15 euros el litro. Si hiciesen eso nuestro veraneante en Cádiz y residente en Madrid a su vuelta de vacaciones pararía en una de las múltiples cooperativas o industrias aceiteras que encuentra a su paso por las provincias de Jaén, Ciudad Real o Toledo y llevaría aceite para él, su familia y sus vecinos ahorrándose diez o doce euros por litro. Es por ello, por lo que en el caso del aceite no harán esto.

¿Pero qué pasaría si los olivares y almazaras estuviesen situados todos en Marruecos, Argelia y Túnez? Pues lo que pasaría es que el precio de transporte le incrementaría una pequeña cantidad pero a Juan Español le cobrarían esos 15 euros por litro y éste no tendría la defensa de comprar ese aceite en la almazara española.

Bueno, pues ésta hipotética situación se está dando en otros muchos casos donde la globalización concentra la producción de muchas cosas en unos determinados países, teniéndoles que comprar el resto de países esas producciones a las tres o cuatro multinacionales que, en situación de exclusividad, controlan el mercado de esos productos. Esa es y no otra la repercusión que tiene en el consumidor el supuesto incremento del comercio que trae aparejada la globalización.

Esto mismo podríamos decir de otros temas similares citados anteriormente, pero se quedarán para un mejor momento, en especial el tema de los transgénicos y de la principal empresa de este sector: Monsanto.

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